"La desconvocatoria de la huelga de letrados de la Administración de Justicia es un hecho", ha declarado uno de los miembros del comité huelguista a la salida de la reunión mantenida en el Ministerio de Justicia este martes por la mañana. El cuerpo de funcionarios votó el lunes a través de asambleas aceptar la última oferta del Gobierno, a medio camino de las exigencias que los letrados mantuvieron desde el comienzo de la huelga, el 24 de enero. Y en vista del apoyo mayoritario a un pacto que implica una subida salarial de entre 430 y 450 euros mensuales, tras unas horas de intensas negociaciones que acabaron este martes "a las dos de la madrugada", finalmente el comité y el Ejecutivo han llegado a un acuerdo. 

Los letrados negociadores aseguran marcharse del ministerio con "una sensación agridulce", dado que han tenido que ceder en "algunos aspectos importantes", pese a que las dos grandes reivindicaciones -una subida salarial y la reforma del estatuto, que debería suceder antes de final de año- se ven razonablemente satisfechas. "En este tipo de negociaciones siempre hay que ceder, y es lo que procedía hacer en estos momentos", ha señalado el portavoz Xoán Xosé Yañez en este sentido. 

Queda por delante, sin embargo, la complicada tarea de poner al día los juzgados de España, en los que durante los últimos meses se han suspendido más de 350.000 juicios, se han bloqueado 1.280 millones de euros y 424.000 demandas han quedado a la espera de ser repartidas. Los 64 días de huelga han generado, sin duda, importantísimos perjuicios a los tribunales españoles, dada la incapacidad de acuerdo -hasta esta semana- entre el Ministerio de Justicia y el comité a lo largo de "más de 30 reuniones", según señaló el domingo la ministra Pilar Llop. 

La subida salarial acordada será de 430 euros mensuales para la inmensa mayoría del cuerpo (en torno al 94%). Aquellos letrados que están destinados en los servicios comunes procesales tendrán un aumento de 440 euros y los que ejercen en las secretarías de gobierno de coordinación provincial y en las direcciones de servicio común aumentarán su sueldo en 450 euros.

El Ministerio de Justicia, tras los múltiples encontronazos con el comité de huelga durante estos meses, ha justificado su oferta en el aumento de responsabilidades que según aseguran deberán asumir estos funcionarios "en los distintos proyectos de eficiencia" que se han planteado, entre ellos la implantación de los tribunales de instancia. 

Este incremento se dará de forma gradual, según han señalado los letrados judiciales, comenzando por un 40% del total que se aplicará a partir de junio o julio de este año con efectos retroactivos desde enero. A ello se sumará otro 40% desde enero de 2024 y el 20% restante a partir de julio de ese mismo año. 

Queda descartada, por tanto, la cláusula de reenganche salarial que los letrados situaban como condición indispensable para el cese de la huelga. Esta exigencia, que consistía en subir el sueldo de los letrados hasta equipararlo al 85% del salario de los jueces, ha sido rechazada desde el inicio por la cartera de Pilar Llop, que la consideró siempre "imposible" por implicar un aumento lineal de 1.100 euros al mes por nómina. Dado que los salarios de este cuerpo de funcionarios oscilan entre los 39.000 y los 60.000 euros anuales, Justicia siempre consideró que el aumento era una exigencia "de privilegiados".

También queda "pendiente", según ha informado el vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Luis Toribio, la reducción de los grupos poblacionales que exigían los huelguistas. Se trata de una distinción retributiva entre los funcionarios según el tamaño de la ciudad o el pueblo en el que ejercen. Actualmente, se establecen cinco grupos diferentes -del A1 al A5-, siendo los dos últimos los que menos cobran. En este sentido, los letrados planteaban eliminar los grupos A4 y A5 y equiparar su sueldo al del grupo A3, una exigencia que no ha sido aceptada.  

Pero estos "matices" que el secretario general del ministerio, Manuel Olmedo, ha discutido con el comité durante una hora y media no han impedido zanjar un conflicto que tiene su raíz en dos reformas legales sucedidas en 2009 y 2015 que otorgaron a estos profesionales una mayor carga de trabajo no acompañada de una adecuación salarial, según denunciaba el cuerpo de funcionarios. En aquel entonces, según relató uno de los representantes del comité de huelga a 20minutos al comienzo de los paros, los letrados asumieron aquel desequilibrio, "teniendo en cuenta la situación de crisis económica.

Pero en 2022, comenzaron a exigir subidas salariales y un estatuto acorde con los cientos de funciones que habían asumido en los últimos años. Convocaron dos paros en enero y marzo y plantearon uno más en abril, pero finalmente no se realizó porque el Ministerio de Justicia respondió a las demandas y se comprometió a asumir una serie de compromisos.

La cartera de Pilar Llop aseguró, al cabo de unos meses, que se había cumplido el grueso de los acuerdos. Una afirmación con la que los letrados se mostraron en claro desacuerdo, denunciando especialmente la falta de adecuación salarial. Desde septiembre del año pasado se cortó el contacto entre las partes, y tras dos breves paros convocados a finales de 2022, los letrados decidieron comenzar este enero una huelga indefinida.

Y dado que los 4.300 funcionarios que componen este cuerpo son los encargados de dar fe pública, dirigir la oficina judicial, dictar resoluciones y gestionar los pagos en la Administración de Justicia (desde las pensiones alimenticias hasta los embargos o las indemnizaciones) manejando hasta 4.500 millones de euros al año, los paros han tenido un gravísimo impacto en el funcionamiento de la Justicia española. 

Y han expuesto a los letrados (además de al resto de profesionales de la Justicia) a una carga de trabajo extraordinaria que no se normalizará, según deducen los huelguistas, "hasta el año que viene". El trabajo extra, sin embargo, vendrá acompañado para los letrados de una subida de algo más de 5.000 euros al año (la subida afectará a 12 pagas) que se añaden al sueldo de entre 39.000 y 60.000 euros del que partían al comienzo de la huelga.